- La comunidad tiene la mayor proporción de desahucios de no propietarios y la capital es la que más lanzamientos suma por este motivo desde 2013: más de 14.000
- Los precios han crecido un 45% en cuatro años y las socimis han encontrado su nicho perfecto de negocio: concentran en la región casi la mitad de sus propiedades
- «La gente que viene a pedir ayuda ya no tiene una deuda hipotecaria a cuestas pero el miedo es el mismo. Aquí no hay mucho que negociar, o pagas, o nada», cuenta un abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Los desahucios por impago de alquiler repuntan en 2018
Detrás de cuatro de cada cinco desahucios que se producen en Madrid hay un relato común: los problemas para pagar el alquiler. En los seis primeros meses de 2018 más de 2.866 familias tuvieron que dejar la casa donde vivían por orden judicial. 466 al mes. 15 al día, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El histórico de estas cifras no revela un aumento disparado de estos desahucios en la región, pero sí de la proporción: el porcentaje de lanzamientos en la Comunidad de Madrid por impago de rentas ha crecido en 17 puntos desde 2013 y ya representa el 80% del total. El mayor aumento registrado en España, según las cifras del CGPJ.
El órgano judicial hace un diagnóstico claro: si los desahucios en España han aumentado en el último periodo es porque la bolsa de no propietarios que son expulsados de sus casas de alquiler es cada vez mayor, un 6,1% en el último trimestre. El total de expulsiones (incluidas los hipotecarias) ha alcanzado en ese mismo periodo un total de 17.152 casos, mientras que en el último año había experimentado caídas.
El número total de desahucios en España no ha crecido. Los datos apenas varían un 5% entre 2013 y 2018: de 18.077 lanzamientos a 17.152. Sí se observa en la evolución global un aumento sostenido desde mediados de 2017 de los desahucios por alquiler hasta alcanzar los 10.491 en el último trimestre.
Mientras, los lanzamientos por deuda hipotecaria han experimentado un descenso más o menos constante desde 2013: si el primer trimestre de ese año se registraron 7.300, el último dato disponible es 5.672. Un 22,3% menos. En la curva que pintan los datos, los valles son coyunturales y corresponden al trimestre de verano que incluye el mes de agosto, cuando se cierran los juzgados.
«En el alquiler, o pagas o nada»
El traslado de las cifras a la realidad cotidiana se constata con el volumen de personas que acuden angustiadas a las asambleas para pedir ayuda, según las plataformas de vivienda. «Viene mucha gente, inquilinos de fondos buitre, de socimis, de particulares que han subido los precios por la burbuja del alquiler… Aquí no hay mucho que negociar, o pagas o nada», afirma el abogado de la PAH Manuel San Pastor. Los vecinos y vecinas ya no llegan con una deuda hipotecaria a cuestas, «pero el miedo y la falta de certezas es la misma», describe San Pastor, que acredita un cambio en la casuística de la gente atendida.
«La reflexión dura de esto es pensar que ahora desahucian a los alquilados porque durante la crisis ya han lanzado a todos los hipotecados que no podían pagar», analiza Raquel Rodríguez, profesora del departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid. «Hay una lógica en lo que está pasando, no podemos decir que es normal, porque no es normal que te expulsen de tu casa sin alternativa, pero los lanzamientos hipotecarios pusieron patas arriba el sistema. Era una anomalía que surgió tras el estallido de la burbuja», abunda.
Patricia y su familia viven en la incertidumbre desde el día que llegó una carta de la socimi Vivenio a su buzón. La nueva propietaria ha comprado varias promociones en el Ensanche de Vallecas y ha impuesto subidas a los inquilinos de hasta el 20% en los alquileres. 140 euros más al mes por la misma vivienda, de dos habitaciones y 70 metros cuadrados, además de la obligación de pagar un «seguro de hogar e impago» de 2.700 euros. «Somos muchos afectados y hay vecinos que han decidido irse. Te meten el miedo en el cuerpo y muchos tenemos hijos».
La ciudad de Madrid: socimis y fondos implantados
Los tribunales están empantanados con recursos de familias cuyas viviendas han cambiado de manos sin enterarse: de fondos buitre a socimis que entran a cotizar en bolsa en condiciones fiscales muy ventajosas. ¿Esto ha cambiado el panorama del parque de alquiler en Madrid? La implantación de las socimis en la región es la más alargada de toda España: el 48% de las adquisiciones de vivienda de estas empresas se localiza en la capital, donde tienen más de 10.300 pisos, según los datos aportados por las propias entidades en sus documentos de salida a Bolsa.
«Cada vez tienen más peso pero aún no tenemos datos que confirmen que domina el mercado», zanja Rodríguez, que evita establecer una relación directa y unicausal entre la entrada de estos gigantes inmobiliarios y la subida de los precios. La media de ascenso alcanza el 45%, según datos de Idealista. Un metro cuadrado costaba poco más de 11 euros en 2013 y hoy ya supera los 16. En algunos distritos como Centro o Chamberí, la subida se dispara aún más. Aunque el boom empieza a contagiarse a las áreas más periféricas de la ciudad. Barcelona, Palma de Mallorca o Las Palmas de Gran Canaria registran aún aumentos mayores de precio que alcanzan el 58% y que se relacionan con su entidad como polos de turismo y de viviendas turísticas.
Los factores que explican que haya más demandas por impago del alquiler son la concentración de viviendas, por un lado, y la forma de tenencia, que también varía en función del territorio. Por ejemplo, ciudades de considerable tamaño como Málaga registran más desahucios por hipoteca que por alquiler (47,7% frente a 45,1%). La tendencia está instalada en todo el sur peninsular y en el litoral valenciano y murciano. En esta última zona resaltan por número Denia, Gandía o San Javier (en Murcia). Aquí la alta proporción de lanzamientos hipotecarios puede deberse a los desahucios de segunda vivienda vacacional al ser zonas de playa.
En Madrid, gran núcleo del problema, todos los caseros inflan los precios: los grandes y también los pequeños particulares, según los expertos. «Si a eso se suma que en un contexto como el español las personas que no tenían otra forma de acceso a la vivienda alquilaban y alquilan, tenemos un combo que hace de la población que vive en alquiler una población más vulnerable», añade Rodríguez.
Hace siete años pagó Patricia la fianza de su piso. 670 euros. Ahora su nuevo casero, Vivenio, le pide más. «Si me quiero quedar tengo que igualar la fianza que pagué hace siete años con el nuevo precio que me imponen», explica a eldiario.es. Su contrato termina el 31 de diciembre y aún tiene margen para decidir, pero a algunos de sus vecinos ya les ha llegado la temida fecha. «Siguen pagando lo que estaba estipulado en el anterior contrato pero ya están fuera de él. No se quieren negar a pagar así que van abonando lo que abonaban hasta ahora», relata. De momento, asegura, no se han producido devoluciones de recibos ni tampoco denuncias. eldiario.es se ha puesto en contacto con Vivenio para este reportaje sin obtener por el momento respuesta.
«No es ilegal, pero es abusivo»
La desprotección de los inquilinos también se ha visto agravada en los últimos años por reformas jurídicas que han «liberalizado el sector de la vivienda en alquiler y acelerado los procesos judiciales», alertaba Amnistía Internacional en un informe de 2017, que ponía la atención en la ausencia de medidas para combatir los desahucios por alquiler.
Por ejemplo, el cambio en la ley de Enjuiciamiento Civil ha recortado las posibilidades del inquilino de alegar durante el proceso, ha acortado a la mitad el tiempo con el que debe avisar el arrendador al arrendatario de que va a demandarle y ha reducido el plazo (de un mes a 10 días) que tienen las familias para pagar lo que deben o responder a la demanda. La Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada en 2013 para «dinamizar el mercado del alquiler», también ha generado más inseguridad al inquilino porque se reduce la duración de los alquileres de cinco a tres años, lo que obliga a la firma cada poco tiempo de un nuevo contrato. Y da barra libre (y legal) a los arrendadores para subir los precios.
Para la profesora Raquel Rodríguez, en España han confluido una suma de factores que «generan condiciones desfavorables en conjunto». «El mercado de la vivienda hay que tomarlo en serio porque si tu contrato finaliza y pueden revisarte el precio al alza si nada que te diga lo máximo que puedes subir, estás vendido», concluye. Como Patricia y sus vecinos. «Denunciar no sirve, esto no es ilegal, es abusivo. Así que solo nos queda la resistencia y la movilización social».
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